El ex Gobernador de Entre Ríos fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N°1

La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la prisión preventiva del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. La medida se dictó mientras se aguarda la resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su condena por cinco causas vinculadas a delitos de corrupción.
Prisión preventiva y traslado
Urribarri, quien fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente embajador en Israel, fue detenido en su domicilio en Concordia. Tras el operativo, el ex mandatario fue trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná. También fue detenido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, condenado en la misma causa, quien será llevado al mismo centro penitenciario.
El fallo que dictó la prisión preventiva revocó una decisión anterior del Tribunal de Juicio que había dispuesto medidas restrictivas menos severas. Según la Cámara, la decisión se fundamenta en los riesgos de fuga y de frustración del proceso penal.
Causas y condena
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociación incompatible con la función pública. Las causas incluyeron:
- Uso de fondos públicos para financiar campañas políticas, como la instalación de un parador en Mar del Plata y la difusión de spots publicitarios relacionados con eventos oficiales.
- La publicación de solicitadas contra los fondos buitres utilizando recursos estatales.
- Esquemas de cartelización en la contratación de publicidad, en beneficio de empresas que podrían estar vinculadas a su cuñado.
- Irregularidades en la contratación de servicios de publicidad oficial a través de una empresa que no cumplía con los requisitos formales.
Resolución judicial
El fallo de 74 páginas emitido por la Cámara de Casación Penal de Paraná destacó la necesidad de prisión preventiva por los riesgos de fuga y las maniobras dilatorias detectadas en el proceso judicial. El tribunal fundamentó su decisión en tratados internacionales suscritos por Argentina, que refuerzan la obligación de investigar y sancionar casos de corrupción.
“El proceso penal debe ser sobreprotegido, especialmente cuando se trata de delitos de corrupción”, indicó la vocal Marcela Davite en el voto al que adhirieron las juezas Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
Próximos pasos
La defensa de Urribarri, encabezada por el abogado Leopoldo Cappa, confirmó que apelará la decisión de la Cámara. No obstante, aclaró que este recurso no suspenderá la detención.
El expediente será elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que deberá resolver si ratifica o revoca la condena impuesta en 2022.
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